Nueva doctrina del tribunal supremo sobre la violencia económica

¿Qué se considera un delito de violencia económica?

Uno de los elementos que hasta ahora no habían sido analizados detenidamente por la jurisprudencia, es el relacionado con la violencia económica en relación con el maltrato familiar. Este artículo es un aviso a navegantes.

 

La violencia económica es una forma de control y de manipulación que se puede producir en la relación de pareja y que se muestra a través de la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la realización de los gastos necesarios para cubrir sus necesidades. 

 

Además, dejar de pagar la pensión alimenticia a los hijos se considera violencia económica, tal y como determina el Tribunal Supremo, en una sentencia de 17 de marzo de 2021.

 

En esta sentencia, el TS ha condenado a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos a su familia por el delito del artículo 227 del CP a la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, ya que se despatrimonializó dolosamente, mantiene la condena por delito de alzamiento de bienes, fijando la pena de un año y seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 14 meses con cuota diaria de 10 euros por día de sanción, con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del CP en caso de impago. 

 

El TS señala, con respecto a la condena por delito de impago de pensiones, que existe por dejar de pagar la pensión alimenticia que ascendía en este caso a 34.639,04 euros. 

 

¿Por qué se considera éste un delito de violencia económica? Muy sencillo. Esto se considera un delito de violencia económica ya que el incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan de ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación moral y natural que tiene el obligado y si ésta no llega lo tendrá que ser por obligación judicial. Esto, lleva al progenitor que los tiene consigo en custodia, a llevar a cabo un exceso en su esfuerzo de cuidado y atención hacia los hijos, privándose de atender sus propias necesidades para cubrir las obligaciones que no verifica el obligado a hacerlo. 

 

No cabe duda de que esta acción persigue hacer daño al otro progenitor, pues no toda violencia es física, y éste es un acto violento del progenitor que no sólo se niega a pagar, sino que además hace todo lo posible para que no le encuentren los bienes ocultándolos y poniéndolos a nombre de terceros para evitar el embargo.

 

En el caso concreto examinado en la sentencia, se reduce la pena inicialmente impuesta de un año de prisión, a seis meses por el delito de impago de pensiones y en el alzamiento de bienes de tres años de prisión a un año y seis meses, porque dada la pena que corresponde a estos delitos al no concurrir circunstancias agravantes no podía imponerse en el tramo máximo sino en el más reducido de su arco de pena.

En Madrid a 14 de Abril de 2021

FDO.  ROBINSON GUERRERO CLAVIJO
Abogado